Rosario Ortíz, Coordinadora de la Red de Mujeres Sindicalistas, propuso que en los contratos de trabajo se prohiba todo tipo de violencia hacia el trabajador a fin de que haya un ambiente digno, porque la subordinación laboral y procesos de producción no tiene que traducirse en violencia, como sucede desde los años 80's en las maquiladoras, sobre todo textiles y de costura,  con la sobreexplotación de las trabajadoras y en la mayoría de los centros de trabajo del país.

Para feministas sindicalistas, abogadas y promotoras de los derechos de las mujeres, entre ellas Aleida Hernández, Andrea Medina, Inés González, Dafne Peña y Estefanía Vela, los conceptos de violencia y discriminación laboral deben estar claros y contenidos en las diversas leyes y en instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Poder Judicial, así como en los criterios de Organismos Internacionales, en el ámbito académico, derechos humanos y mundo laboral, para poder garantizar una justicia efectiva a favor de las víctimas. Ya que por ejemplo, en la reforma laboral del 209, se prohibe que se discrimine, pero no estás el detalle cómo hacerlo valer durante un litigio.

Alfonso Bouzas Ortíz, investigador distinguido de la UNAM en materia laboral, urgió a que haya una reforma laboral que norme los delitos de acoso sexual y violencia laboral que ponga en el centro garantizar los derechos humanos de las personas con perspectiva de género, porque ese vacío legal es el que ha permitido esos abusos de los jefes de una empresa.

A pesar de que una de las promesas, al aprobarse la legislación en materia de outsourcing –parte de la reforma laboral de 2012– fue que este modelo facilitaría la generación de empleo formal, las cifras de crecimiento de esas plazas son sólo 6 puntos porcentuales por arriba de las reportadas antes de la aprobación de dicha ley.

Maquiladoras, supermercados y otros establecimientos de Chihuahua obligaron a sus empleados a laborar a puerta cerrada este fin de semana para evadir el decreto estatal de alerta sanitaria por Covid-19 que impone medidas adicionales al semáforo rojo y restringe los sábados y domingos todas las actividades que no correspondan a servicios de salud. En respuesta, policías e inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) clausuraron al menos 85 empresas.

Con cartas abiertas, protestas, bloqueos de vialidades y "tomas" de la dependencia por parte de sindicatos de docentes, egresados de escuelas normales e incluso defensorías de deudores, así la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha sido acusada de inacción para dar solución a demandas del magisterio.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Alcoholera de la República Mexicana logró la subsistencia del Contrato Ley y un incremento del 5.5 por ciento directo al salario, confirmó José Barrera Sánchez, Secretario General de la Sección 72 del ingenio Emiliano Zapata.

Andrei Villagómez Girón, colaborador de la aerolínea, mencionó que el viernes pasado se llegó a un acuerdo, a nivel nacional, entre la empresa y la Secretaría de Gobernación para el pago de sus salarios, sin embargo eso no sucedió.

Luego de que se paralizaran los principales sectores económicos y productivos parafrenar la pandemia del covid-19 en Chihuahua, donde casi se alcanzan los 30 mil contagios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) endureció las inspecciones en los centros laborales para que se cumplan las medidas de restricción.