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César Armando Salazar López, secretario académico del IIEc de la UNAM. César Armando Salazar López, secretario académico del IIEc de la UNAM.

Ley de outsourcing no garantiza el reparto de utilidades: analistas

Abr 25, 2021

La reforma en materia de subcontratación de empleados no garantizará por sí sola que los asalariados accedan al reparto de utilidades si no existen procesos de supervisión más efectivos que hagan valer la ley para que, en los hechos, tengan mejores condiciones laborales, señaló César Salazar López, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

Información publicada en https://www.jornada.com.mx/2021/04/25/politica/015n1pol 

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 25 de abril de 2021, p. 15

En entrevista, consideró que la reforma sobre el llamado outsourcing –que entró en vigor ayer– “suena muy bien”, con el propósito de garantizar el derecho de los trabajadores a tener participación en las utilidades, y “se eviten las artimañas fiscales o legales para generar empresas paralelas”.

No obstante, independientemente de los cambios a la ley, los patrones ya eludían cumplir con este derecho reportando pérdidas o carátulas de utilidades falsas. Por ello, lo más importante es“hacer valer la ley, que es lo que ha faltado”, apuntó.

El reparto de utilidades es una prestación que se ha ido perdiendo. Durante años, las empresas “simularon no tenerlas”. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, sólo cuatro de cada 10 trabajadores reciben este derecho.

Alberto Ramírez García, especialista en derecho laboral en la Universidad Obrera de México, coincidió en que un problema importante es cómo las autoridades realmente van a supervisar que las empresas “no engañen al fisco y reporten sus utilidades reales.

“Todos estos años ha habido grandes simulación de utilidades; una de las fugas mayores fue la subcontratación. Entonces, ahora, con la reforma, esperamos que las autoridades obliguen a reportar a los patrones las verdaderas utilidades”, indicó.

Ese derecho de los trabajadores mexicanos, manifestó, “tiene su base en la Constitución”, en su artículo 123, apartado A, fracción IX, por lo que fijar un tope de tres meses en las utilidades no sólo implica una modificación a los artículos de la Ley Federal del Trabajo, sino también a la Carta Magna.

En este sentido, Salazar López consideró que “no se tendrían que haber establecido tres meses (para el reparto de utilidades) porque finalmente ya hay una cantidad específica”, determinada por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.

 

 

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