Las polémicas reformas de la 4T

Dic 10, 2021

Durante sus tres años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado polémica por diversas reformas aprobadas

Reformas polémicas de la 4T Reuters

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ya están sentadas las bases para la transformación del país. Ya a la mitad del sexenio, Grupo Fórmula te da un recuento de sus reformas más polémicas.

Adiós al outsourcing

La reforma en materia de outsourcing fue avalada por el Senado de la República el pasado 20 de abril. Esta ley prohíbe la subcontratación de personal, por lo que las empresas deberán reconocer como empleados propios a todos aquellos que realizan actividades principales.

El objetivo de esta reforma es que las empresas eviten la simulación y la defraudación fiscal. También se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante, es decir, se podrá contratar a personas externas a la empresa que realizan un giro diferente al de la institución.

Todo para Pemex

Para fortalecer a Pemex, el jefe del Ejecutivo promovió la reforma a la Ley de Hidrocarburos, la cual restringe la participación de empresas privadas en la importación, distribución y comercialización de los combustibles en el país.

La oposición criticó la reforma aprobada el pasado 22 de abril, al considerarla como un pretexto para expropiar a compañías privadas. Incluso, en junio, senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano presentaron una acción de inconstitucionalidad contra esta legislación, pues explicaron que es un golpe al libre mercado y a los derechos de las firmas que participan en el sector.

El regalo (que no fue) para Zaldívar

Este año también se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, impulsada con el objetivo de erradicar la corrupción.

Sin embargo, una vez avalada, la reforma desató polémica debido a que los legisladores incluyeron un artículo transitorio que ampliaba el mandato de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte hasta noviembre de 2024, cuando éste debía concluir el 31 de diciembre de 2022.

Organizaciones internacionales, expertos y legisladores consideraron que la llamada “Ley Zaldívar” era un atentado contra la división de poderes.

Aunque el presidente de México se mostró a favor de la medida, Zaldívar la rechazó en agosto al afirmar que no está en el tribunal por “cargos, puesto y privilegios”, sino por “principios y valores”. El pasado 16 de noviembre, los 11 ministros de la Corte anularon por unanimidad la decisión.

Registro telefónico cuestionado

En abril de 2021, los legisladores aprobaron una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que permitió la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), el cual provocó muchas críticas debido a que las empresas de telefonía se verían en la obligación de dejar sin servicio a todos los usuarios que se nieguen a proporcionar sus datos biométricos.

López Obrador defendió el PANAUT con el argumento de que combatiría las extorsiones y al crimen organizado, sin embargo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentaron una acción de inconstitucionalidad.

En octubre pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte decidió mantener “congelada” la reforma que permitió la creación del PANAUT, al considerar que “viola derechos de usuarios y no disminuirá los delitos”.

Y lo que viene… la reforma eléctrica

Esta iniciativa impulsada por López Obrador será discutida hasta 2022, sin embargo, ha permanecido en el ‘ojo del huracán’ debido a que expertos, legisladores y empresas han advertido que la reforma permitirá la creación de un monopolio, el cual generará luz “sucia y cara”.

Sin embargo, el presidente y la titular de la Sener han afirmado que el objetivo de la reforma es evitar que empresas particulares se apoderen del sector eléctrico y se eleven las tarifas de este servicio. Además, han asegurado que el gobierno no expropiará el sector energético, sino que la iniciativa privada se quedará con el 46 por ciento del mercado y la Comisión Federal de Electricidad con el 54 por ciento.

 

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