Para el gobierno federal la mejora del salario mínimo es de alta prioridad; tanto que busca que éste llegue a 189.04 pesos diarios al cierre del sexenio y para ello pretende asignarle a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 26 millones de pesos para que se desarrollen los estudios necesarios para lograr ese objetivo.

Opina Tereso Medina que es momento de adoptar la nueva Ley Federal del Trabajo en beneficio para México

Enfocan inspección en las empresas con expedientes laborales irregulares

La secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, se reunió con directivos de la empresa Psicofarma e integrantes del Sindicato de Industrias Química Carboquímica y Química Farmacéutica de la República mexicana, donde dio a conocer que la dependencia a su cargo ofrece capacitación y vinculación, así como conciliación para seguir manteniendo la estabilidad laboral en la entidad.

Para impulsar el diálogo social, la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica asignará mil 288 millones de pesos para cumplir con estos objetivos, destaca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

De acuerdo con la dependencia federal, el estado ha recuperado las plazas formales que se tenían previo a la pandemia, e incluso se incorporaron cerca de 11,000 más.

La obra colectiva “Salarios en tiempos de libre comercio: ¿Ofrece la industria automotriz salarios dignos en México?” nació durante el verano de 2016 en una reunión de trabajo que tuvo la entonces Red Temática Conacyt «Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana» (Red Itiam) en San Miguel de Allende, Guanajuato.

El PPEF 2022 contempla un aumento de 131% en los recursos para continuar con la tercera y última etapa de la puesta en marcha del nuevo esquema para la resolución de conflictos laborales y el registro sindical.

Oportuno, al inicio de la vigencia del nuevo modelo para la impartición de la justicia laboral en Morelos, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) presentó el libro “Procedimiento ordinario ante los tribunales laborales y juntas de conciliación y arbitraje”, de la autoría del magistrado electoral, Carlos Alberto Puig Hernández.

Más de 95,000 trabajadoras en los últimos años han preferido renunciar a su empleo debido a casos de acoso, pues no han contado con el apoyo para dejar de ser violentadas, advirtieron en especialistas.