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EDUARDO ESQUIVEL

@EsquivelAncona_

ENERO 14, 2021 05:00

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó en diciembre pasado, aumentar el salario mínimo de 123.22 a 141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2021 en tanto que en la Zona Libre de la Frontera Norte pasó de 185.56 a 213.39 pesos y por primera vez se incluyeron dos nuevas profesiones, sectores históricamente olvidados: trabajadoras del hogar y jornaleros agrícolas, quienes tendrán un salario de 160.19 y 154.03 pesos respectivamente.

Históricamente los jornaleros agrícolas han sido explotados y olvidados por los tres ordenes de gobierno y al parecer la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, los toma en cuenta, para revertir los agravios sufridos por estos trabajadores.

Los jornaleros agrícolas en México son trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, cosecha, recolección y la preparación de los productos agropecuarios, siendo su labor de gran importancia para el desarrollo de las prósperas empresas agroindustriales del país; pero desgraciadamente estas personas son víctimas de explotación y malas condiciones laborales, que casi los tienen como esclavos.

El desigual desarrollo económico del país, provoca que muchos trabajadores de las zonas rurales marginadas emigren a los lugares donde hay trabajo y, lo hacen acompañados de sus familiares, quienes en muchos casos también son contratados para las labores agrícolas, no importando que sean niños, mujeres embarazadas o ancianos.

La población de jornaleros agrícolas se estimaba en 2017 en 9 millones 206 mil 429 personas, de las cuales se calcula que un total de 2 millones 040 mil 414 eran jornaleros que trabajan directamente en el sector agropecuario y el resto eran miembros de los hogares de los propios jornaleros agrícolas (según datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas del 2018).

Entre la población de jornaleros agrícolas sobresale la prevalencia de habitantes de lengua indígena, la cual es de 18 por ciento, lo que representa casi el triple respecto a la población nacional total que es de 6.6 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas mexicanos son un grupo especialmente vulnerables. Un 44 por ciento de los hogares de estos trabajadores contaban con al menos un niño o niña trabajador, y sus ingresos se acercaban al 41 por ciento de los del total familiar.

Los datos arrojan también que un 44 por ciento de las familias en las que está presente el trabajo infantil éste es realizado por indígenas, de manera que la migración supone para ellos un cambio radical en sus costumbres, cultura e idioma.

En marzo de 2015 los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California realizaron paros laborales por la explotación y malas condiciones y no tener respuesta a sus exigencias salariales y de respeto al gobierno estatal, su protesta no estuvo exenta de violencia, que ejerció la administración panista de esa entidad federativa.

Las quejas de los jornaleros, son las largas jornadas de trabajo, los sueldos miserables, maltrato por parte de mayordomos, horas extras sin pagar, despidos injustificados y condiciones de higiene y seguridad muy malas.

Los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, tienen suscritos dos contratos uno es un contrato colectivo de trabajo representados por organizaciones sindicales nacionales como la CROM y la CRAC.

En los contratos colectivos se determinaron las condiciones laborales, como el prescindir de aguinaldo, pago el doble del día domingo y días festivos vacaciones, prima vacacional y reparto de utilidades, porque ya las tienen incluidas en el salario diario. El salario promedio era de apenas 110 pesos diarios.

Los empresarios agroindustriales del Valle de San Quintín, ganan millones de pesos con la comercialización y exportación de sus productos. Las empresas agroindustriales que destacan por sus grandes ganancias y que más se han beneficiado de la explotación de los jornaleros agrícolas en esa zona de Baja California son: Rancho los Pinos, Agrícola Sky Ranch, Santa Mónica, Berrimex, Driscolls.

Las malas condiciones laborales y de vida que tienen muchos de los trabajadores en el país, ha provocado que en 2014 México apareciera en el lugar 18 del ranking mundial de esclavitud de entre 166 países.

Los sectores formales en México que más se han beneficiado de estas condiciones de explotación laboral que casi rayan en la esclavitud son los agrícolas, minero, y de turismo, esto según el informe con el Índice Global de Esclavitud.

Según las estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Protección Social el 30 por ciento de los menores que trabaja en el campo, el 27 por ciento lo hace en servicios el 26 por ciento en el comercio; el 12 por ciento en artesanías y un 5 por ciento en la construcción.

La Red de Jornaleros Agrícolas denunciaron en marzo del 2015 que la explotación de trabajadores del campo alcanzaba a dos millones de personas que trabajan en campos o fincas de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas.

En 2014 una empresa vinculada con la familia del expresidente Vicente Fox, fue investigada por el caso de la explotación de indígenas tarahumaras en cultivos de Baja California Sur.

El Cerezo explotaba a 200 jornaleros en campos agrícolas en el Municipio de Comondú, Baja California Sur; la Secretaría del trabajo informó que en esa empresa los campesinos laboraban y vivían en condiciones insalubres, de hacinamiento y de miseria salarial.

Los inspectores de la dependencia federal encontraron también que en la empresa relacionada con el ex mandatario había 13 menores de edad trabajando y a 167 jornaleros sin registro ante el IMSS.

El pasado 8 de julio la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, aseguró que se atenderá de fondo el problema del trabajo infantil en el sector agrícola en el contexto de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La funcionaria señaló que en el marco del T-MEC se realizarán acciones para identificar a las familias jornaleras que migran con niños y niñas a los campos agrícolas donde muchas veces carecen de infraestructura educativa y de salud, asimismo, se buscará integrar a los menores a programas de bienestar como son las becas para estudiantes pobres y que estas sean un incentivo real para que los niños no tengan que trabajar y apoyar en el sustento familiar.

Esperemos que se haga justicia a estos trabajadores y se les deje de explotar en forma indiscriminada, cuenten con salarios justos y condiciones de trabajo que cumplan con la Ley. Hay que recordar que si se descubre que hay trabajo infantil sería una falta que podría cancelar el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

El Gobierno de la Cuarta Transformación tiene el deber de cambiar las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas, y que estos trabajadores tengan salarios justos y una mejor vida.