Contra la violencia hacia las mujeres: la acción de gobierno

Ene 06, 2022

Las mujeres exigimos un México en el que podamos vivir con dignidad, con respeto irrestricto a nuestros derechos y en circunstancias de igualdad. | Areli Cano

05/01/2022

ARELI CANO GUADIANA

5 DE ENERO

@OpinionLSR

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El fenómeno de la violencia hacia las mujeres se encuentra enraizado históricamente en un conjunto de ideas y prejuicios que implican la normalización de conductas agresivas explícitas e implícitas en las sociedades, así como en estereotipos de género que dificultan una convivencia equitativa y armónica.

Desde un punto de vista normativo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), define a la violencia hacia las mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público.

Históricamente, en sus diversas expresiones, la violencia ha servido para apuntalar una circunstancia de desigualdad entre hombres y mujeres, en la que los primeros ejercen el poder para subordinarnos y para continuar gozando de privilegios en la estructura de familia; en los espacios laborales y, en general, en todas las relaciones sociales.

Es cierto que, gracias a la lucha y esfuerzo de las mexicanas, se han logrado avances significativos para la protección de las mujeres ante los diversos tipos de violencia, como son las garantías.

Para nuestros derechos reproductivos y sexuales, mediante las históricas decisiones de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver que no es permisible la criminalización total de las mujeres que interrumpan su embarazo y que no es constitucional que se legisle la protección de la vida desde la concepción.

Estas decisiones constituyen un reconocimiento a la protección que tenemos las mujeres para decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra maternidad, sin la injerencia de prejuicios morales o ideológicos y a salvo del reproche penal.

Otro punto a favor de la lucha contra las agresiones a las mujeres lo encontramos en la aprobación de la llamada "Ley Olimpia", que consiste en reformas legales que establecen sanciones penales a quienes violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. También es importante recordar que, a pesar de la violencia política que ha persistido en contra de nosotras, hoy en nuestro país tenemos el mayor número de legisladoras y gobernadoras de la historia, además de que la paridad avanza en los tres niveles de gobierno en la integración de gabinetes, dependencias, poderes y organismos autónomos.

No obstante, existen aún grandes pendientes de atender en cuanto a la agresión a las mujeres.

Los últimos años no han sido excepcionales en cuanto a la trayectoria continua de décadas de violencia hacia nosotras. Han sido miles de mujeres asesinadas, varios cientos de ellas por el solo hecho de serlo, además de aquellas que han sufrido agresiones sexuales o fueron discriminadas en lo laboral.

En cumplimiento a lo dispuesto en la LGAMVLV, la Secretaría de Gobernación publicó el pasado 30 de diciembre, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024 (PIPASEVM), que es el instrumento en el que se establecen las directrices para que, con la intervención de la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, se creen las condiciones necesarias para garantizar los derechos, la seguridad y las condiciones de vida digna de las mujeres

El documento establece cuatro objetivos prioritarios, a saber, 1. Disminuir las violencias contra las mujeres mediante la implementación de medidas preventivas de los factores de riesgo; 2. Promover servicios de atención integral especializada, con enfoque interseccional e intercultural para mujeres víctimas de violencia; 3.

Fomentar la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género para asegurar la sanción, reparación del daño y la no repetición, con las instancias competentes a nivel nacional; y 4. Impulsar acciones de coordinación que permitan institucionalizar en el Estado mexicano la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Su desarrollo implica 14 estrategias prioritarias y 112 acciones puntuales que conllevan, entre otros aspectos, la difusión y promoción de los derechos de las mujeres; la concientización sobre fenómenos perversos como la trata de personas; la creación de aplicaciones informáticas para crear condiciones de seguridad en el espacio público; el fortalecimiento de la incorporación de la perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia; y la generación de información estadística oportuna sobre la violencia de género.

Es relevante que el contenido del PIPASEVM incluya el reconocimiento de aquellos aspectos en los que la institucionalidad no ha tenido un desempeño adecuado, como son la impunidad enlazada a la violencia de género, debida a la ineficacia de las fiscalías; así como los casos en que mujeres han sido víctimas de feminicidio a pesar de contar con órdenes de protección, en virtud de un inadecuado análisis y seguimiento y de la ausencia de personal policial dedicado a su instrumentación.

A través del PIPASEVM se pretende revertir esas situaciones y las demás que condicionan que seamos agredidas. Toca a la sociedad vigilar el cumplimiento de las acciones que se incluyen, para verificar que, en materia de violencia hacia las mujeres, se actualice su prevención, identificación, sanción, reparación de los daños y la no repetición.

Para ello, es posible encontrar en la transparencia y en el acceso a la información herramientas útiles para acompañar e, incluso, vigilar y exigir la rendición de cuentas sobre la implementación y los resultados del programa.

Las mujeres exigimos un México en el que podamos vivir con dignidad, con respeto irrestricto a nuestros derechos y en circunstancias de igualdad. El PIPASEVM puede ayudar a lograr tal meta, para ello es

indispensable la voluntad política y el compromiso de los actores institucionales y el liderazgo de los altos servidores públicos, con el objeto de catalizar y dotar de consistencia a la acción de gobierno en contra de la violencia hacia nosotras.

 

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Información publicada en https://lasillarota.com/opinion/columnas/contra-la-violencia-hacia-las-mujeres-la-accion-de-gobierno/599552

 

 

  

 

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