La Secretaría de la Función Pública robusteció el Código de Ética aplicable para los servidores públicos con un catálogo de conductas prohibidas para evitar el hostigamiento o acoso sexual en todas las dependencias federales.

La contraloría municipal lleva un cúmulo de 23 denuncias durante esta administración municipal por acoso, hostigamiento y violencia laboral, aunado a otras 3 de la administración pasada encabezada por el ex alcalde Héctor López Santillana. 

El Gobierno fija por primera vez un listado de conductas a evitar por parte de los servidores públicos relacionadas con violencia sexual y laboral

La persona que sufre daños o afectaciones derivadas del acoso laboral (mobbing) cuenta con diversas vías para ver restablecidos los derechos transgredidos a consecuencia de esa conducta denigrante, destaca la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Negativas de resguardo, negativas para vacunarlos, falta de insumos y hasta violencia y acoso por manifestarse ante estas condiciones en sus centros de trabajo, fueron las causales.

Los trabajadores de instituciones educativas que acosan y hostigan sexualmente a sus alumnas deben preocuparse porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigió a las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resolver estos asuntos con perspectiva de género y especialmente, deben reconocer el carácter de tercero interesada a la mujer que ha denunciado dichas conductas, a fin de que se desahoguen las pruebas pertinentes e idóneas para llegar a la verdad material de los hechos. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones debe hacer públicas las disposiciones administrativas, reglamentos internos, programas, comités y, en general, cualquier actividad implementada para prevenir, investigar y sancionar casos de acoso sexual y laboral

Psicoterror, abuso psicológico o moral son sólo algunos de los términos con los que se define el hostigamiento laboral que en la actualidad ha cobrado fuerza en organizaciones privadas, públicas y desgraciadamente, el ámbito electoral en su conjunto no está exento.

En los centros de trabajo debe de existir más responsabilidad por los patrones en proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Los legisladores locales manifestaron que se puede despedir a una persona por esta práctica

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