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Seguridad y salud en el trabajo para las y los jornaleros

Abr 30, 2021

Es necesario que haya un apartado especial para la población jornalera y los centros agrícolas, que esté apegado a la realidad de este sector para que responda a las problemáticas específicas de las y los jornaleros del país.

Información publicada en https://www.animalpolitico.com/res-publica/seguridad-y-salud-en-el-trabajo-para-las-y-los-jornaleros/ 

Por Arelhí Galicia

@FundarMexico

29 de abril, 2021

Gregorio ha trabajado en los campos de caña de Morelos desde que tenía 8 años. Su jornada es de 12 horas porque le pagan 38 pesos por cada tonelada de caña que corta, carga y acomoda, por lo que necesita entre 7 y 8 toneladas para sacar lo suficiente para un día. Desde los 8 años respira las cenizas que deja la quemazón de la caña cuando se va a cultivar. No hay equipo de protección para quienes trabajan en el campo. Usan machetes y limas, así que los accidentes son el pan de todos los días y aun así no cuentan con servicio médico. Cuando algo les pasa, van al Instituto Mexicano del Seguro Social para que les cosan las heridas y les mandan reposo, pero cuál reposo, si no regresan a trabajar el campo no se les paga el día.

Este es el escenario común entre la población jornalera. El uso de herramientas peligrosas, de insecticidas y herbicidas tóxicos que respiran mujeres, hombres, e incluso niñas y niños que están en el campo, la falta de insumos para su trabajo, la falta de atención médica y en caso de accidentes, el no poder ausentarse del trabajo por accidente laboral.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora el 28 de abril y, en el contexto de la pandemia de COVID-19, se hace evidente la necesidad de establecer estrategias que fortalezcan los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, no sólo por ser un derecho humano fundamental, sino con la finalidad de desarrollar resiliencia para hacer frente a esta crisis y a las que vengan en algún futuro, de acuerdo con lo declarado por la Organización de las Naciones Unidas. El informe Anticiparse a las crisis, prepararse y responder: Invertir hoy en sistemas resilientes de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presenta el panorama de la población trabajadora a nivel mundial y su realidad en el contexto de la pandemia, además de brindar estrategias clave que los gobiernos deben tomar en cuenta para mejorar la calidad de vida de estas personas.

Las y los jornaleros son y han sido uno de los sectores elementales en esta pandemia. Sin ellas y ellos los alimentos no llegarían a nuestras mesas y han trabajado sin parar en esta crisis, laborando además sin las medidas de seguridad e higiene necesarias para evitar los contagios por Covid-19 ya que, previo a la pandemia, no existían en los campos las medidas para el cuidado de su salud y seguridad.

Lo anterior representa una violación a los derechos humanos de las personas jornaleras ya que desde 1984 México firmó el Convenio 155 de la OIT, sobre seguridad y salud en las y los trabajadores con lo cual adquirió la obligación desde formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente la política nacional en materia de seguridad y salud de las personas trabajadoras y ambiente de trabajo. Dicha política tiene por objetivo prevenir accidentes y daños a la salud que sean consecuencia del trabajo, que guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo.

En el marco de la pandemia se han hecho planes y programas, pero desde el escritorio, y ahí han quedado. Si bien la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en coordinación con la Secretaría de Salud (SSA) elaboraron la Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícolas ante el COVID-19 , o las Recomendaciones para cortadores y transportistas de caña de azúcar con el objetivo de orientar a las y los trabajadores del sector agrícola sobre las acciones y medidas que deben implementarse para la mitigación de la pandemia por el coronavirus COVID-19, la realidad refleja que las medidas de prevención, detección e implementación de políticas temporales para proteger a la población jornalera no se cumplió.

La STPS, a través de su Unidad de Trabajo Digno, es el organismo responsable de vigilar que las empresas cumplan con las normas establecidas con el programa de inspección. Este programa de inspección está siendo analizado para que su implementación sea más certera y las problemáticas y malas prácticas que durante mucho tiempo se vivieron en las empresas, ahora sean modificadas.

Es necesario que haya un apartado especial para la población jornalera y los centros agrícolas, que esté apegado a la realidad de este sector para que responda a las problemáticas específicas de las y los jornaleros del país. Que se cuente con un censo de población jornalera, así como de empresas establecidas y se documenten las formas de trabajo que utilizan para evadir sus responsabilidades. Y más allá de las inspecciones, que las consecuencias que deban afrontar por no cumplir con las medidas de seguridad y salud en sus centros laborales sean lo suficientemente fuertes para que de verdad haya una mejora en las políticas de los diversos centros de trabajo.

Está ampliamente documentado que la pandemia ha impactado más a quienes ya padecían condiciones de desigualdad y precariedad laboral. Para comenzar a eliminar esta situación, es fundamental que la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo se adapte a contextos imprevistos bajo estándares internacionales, para que de esta forma se brinden respuestas rápidas y adecuadas, para gestionar de mejor manera los riesgos comunes y los emergentes en este sector. Esta crisis puede ser tomada como una oportunidad de mejorar las condiciones de trabajo de uno de los sectores esenciales: las y los trabajadores del campo, para que el caso de Gregorio no sea una constante.

* Arelhí Galicia es parte del grupo de trabajo de @FundarMexico para la Alianza Campo Justo.

 

 

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